LA COMUNIDAD DE PAZ

COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ:
LA LÓGICA DEL ENGAÑO Y LA MENTIRA

Por: Javier Giraldo Moreno, S.J.

Javier Giraldo Moreno es sacerdote Jesuita colombiano, acompañante desde hace varias décadas de procesos organizativos de comunidades rurales en diversas regiones del país. Su labor ha permitido hacer visibles innumerables violaciones a los derechos humanos, en casos como las masacres de Trujillo y San José de Apartadó, su voz se ha convertido en eco de valientes testimonios de los pobladores directamente afectados. Además, ha sido coordinador del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep, así como integrante de la Comisión Histórica del Conflicto.​
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Dos videos de Producciones El Retorno, elaborados en uno de los momentos más duros que ha vivido la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, como fue la masacre de Mulatos y La Resbalosa en 2005, vueltos a mirar 10 años después me permiten confirmar la lógica del engaño y la mentira, como instrumento mediante el cual este sistema y este régimen que impera en Colombia, ha tratado de justificar o hacerle digerir a la nación sus crímenes más horrendos.

Los videos recogieron en su momento muchos fragmentos de noticieros de los medios masivos de información, a través de los cuales el poder actuante detrás de esos medios pretendía transmitirle al país los detalles, desarrollos y responsabilidades del crimen, pero al mismo tiempo hizo oír la voz de las víctimas para ofrecer otra fuente de verdad, la que habla desde el mismo sufrimiento y convence por sí misma a quienes han experimentado el sufrir. Un sabio proverbio ancestral de pueblos africanos afirma que hay cosas que sólo pueden ser vistas por ojos que han llorado intensamente. 

Hemos estado acostumbrados a avalanchas de noticias diarias que nos hablan de muertes relacionadas con el conflicto y a videos que nos muestran pilas de cadáveres ensangrentados sobre los cuales se escriben letreros rutinarios y apaciguadores, tales como “muertos por actores desconocidos” o “al margen de la ley”. En este caso, sin embargo, impresionaba ver las fotos de varios niños que fueron despedazados y por ello interpelaban ineludiblemente la conciencia de muchos espectadores. 

Allí no podía existir ninguna motivación lejanamente válida para el crimen; algo grave se estaba ocultando. 

Los batallones del ejército y sus enormes frentes auxiliares de paramilitarismo llevaban ya más de una década asesinando con métodos crueles a una franja de campesinos asentada en las estribaciones de la Serranía de Abibe. Estaban acostumbrados a presentarlos ante la opinión pública como “insurgentes” que se enfrentaban a las fuerzas del orden, pero en el fondo, como lo estipulan las cláusulas de los Manuales de Contrainsurgencia en que se trazan las directrices militares, se buscaba exterminar o desplazar a los incluidos en las “listas gris y negra” que la inteligencia militar va elaborando, o sea a quienes no simpatizan con el control militar de la zona o denuncian sus atropellos y violaciones de sus derechos. Cuando esos campesinos decidieron declararse neutrales y exigir, de manera organizada y con apoyo nacional e internacional, los derechos de la población civil en medio de la guerra, conformando la Comunidad de Paz, la matanza fue adquiriendo proporciones mayores. Durante el primer año de la Comunidad los muertos pasaron del centenar. Se buscaba “legalizarlos”, como decían los mismos soldados, adscribiéndolos unas veces a la categoría de los “muertos en combate”, categoría que borra por sí misma la anti-juricidad de los hechos, y otras veces responsabilizando a las guerrillas de los crimenes consumados por militares y paramilitares.

Este último método fue el adoptado en el caso de la masacre de Mulatos y La Resbalosa (21 de febrero de 2005). Consumado el crimen, los mismos militares perpetradores fueron luego en helicópteros con la Fiscalía a levantar los cadáveres y uno de los mandos en terreno, el Coronel Néstor Iván Duque, acudió presuroso a un potentado narco-paramilitar de su confianza: el alias “HH” (o Evert Veloza), para que le financiara el traslado de dos falsos testigos a Bogotá donde testimoniarían que la guerrilla de las FARC había sido la responsable del crimen. Coordinado todo con el Vicepresidente Francisco Santos, éste convocó al Cuerpo Diplomático en un lujoso hotel del norte de la capital, para que escuchara en pleno a los falsos testigos, minuciosamente preparados en la Brigada XVII para identificarse con la versión falsa. Varios diplomáticos confesarían después que la tramoya no los convenció pero guardaron silencio. Sin embargo los medios masivos de información, las autoridades administrativas del orden nacional y regional y la Fiscalía, asimilaron el montaje y sacaron de allí elementos básicos para emprender campañas de estigmatización de la Comunidad de Paz, bajo la dirección perversa del Presidente Uribe. 

Dos años después, cuando un grupo de congresistas de Estados Unidos, apoyándose en sus propias investigaciones, decidieron proponer la suspensión de toda ayuda financiera a la Brigada XVII del ejército en cuanto autora del crimen, la Fiscalía se vio presionada a modificar su cuerda investigativa, así protestara enérgicamente su funcionaria de “Asuntos Internacionales”: María Fernanda Cabal (hoy senadora Uribista), quien afirmaba que si se acusaba a los militares de ese crimen iba a fracasar el Tratado de Libre Comercio con la potencia del Norte. El primero que confesó su participación en los hechos fue un paramilitar que ya había ingresado repetidas veces con el ejército a la zona y era fácil de identificar. Se horrorizó de que se le fuera a endilgar el descuartizamiento de los niños y por ello decidió señalar a los culpables. Una larga lista de militares y paramilitares ingresó al expediente penal, pero, siguiendo la rutina de la impunidad colombiana, los operadores judiciales han llegado a ser expertos en métodos eficaces para absolver a los culpables y condenar a los inocentes. Se hizo, pues, “justicia a la colombiana”: impunidad total.

El caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, luego de 19 años de existencia, arrastra una lista de más de 350 ejecuciones y más de 2000 crímenes de lesa humanidad, entre bombardeos indiscriminados, montajes judiciales, torturas, incineraciones de viviendas y de cultivos, amenazas, violaciones, pillajes y saqueos de los bienes de sobrevivencia del campesino y muchos otros.