MEDELLÍN: LA FIESTA BLANCA
Por: Max Yury Gil
Max Yury Gil ha sido docente del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia y reconocido investigador social, con amplia experiencia en el trabajo con Organizaciones No Gubernamentales de la ciudad de Medellín, principalmente con la Corporación Región, donde ha trabajado entre los años 1998-2005 y 2011-2015.
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He visto el documental La Fiesta Blanca y he recordado una buena parte de los procesos políticos y sociales que han marcado la ciudad en las dos últimas décadas, al tiempo que me ha permitido volver sobre los que han sido asuntos centrales en la construcción de esta ciudad, como los graves problemas de violencia política, la miseria y exclusión, la represión frente a los procesos de movilización en demanda de derechos, pero así mismo, las resistencias y respuestas construidas desde diferentes procesos de organización y movilización social.
En los últimos años se ha vuelto reiterativo hablar de Medellín como una ciudad milagrosa, una urbe que ha pasado del miedo a la esperanza y en la cual los viejos problemas de violencia y marginalidad son un asunto del pasado, mientras que el presente es de una ciudad moderna, limpia, segura y atractiva para la realización de eventos internacionales y para el turismo. Los dos baluartes para sostener esta transformación son de un lado, la constitución en la ciudad de un modelo de urbanismo social que mediante la realización de obras públicas de infraestructura colectiva, en especial en sectores populares, busca generar una mayor presencia institucional en el territorio; a lo cual se suma el indiscutible descenso de los homicidios, ya que mientras en el año 1991, la ciudad tuvo 6809 homicidios, lo cual equivale a una tasa de 395 homicidios por cien mil habitantes, el año anterior, 2014, Medellín registró 659 homicidios, para una tasa de 27 por cien mil habitantes, una de las reducciones más significativas en la historia de cualquier ciudad del mundo.
Sin embargo, múltiples voces se han pronunciado sobre la necesidad de tomar con cautela las dimensiones de estas transformaciones, sin por ello considerar que son falsas o sólo cosméticas; pero cuestionando su impacto real sobre las condiciones de vida de miles de personas en la ciudad. En primer lugar, partiendo de reconocer la importancia de una presencia institucional en los territorios que no sea la tradicional de la fuerza pública, y valorando la importancia de una apuesta por la inversión pública en la ciudad, es importante que se mantenga un debate abierto sobre si este modelo de ciudad en función de la internacionalización y la oferta de una ciudad de servicios genera impactos sostenibles y estructurales en una urbe que ha poseído históricamente graves problemas de pobreza, inequidad y exclusión; y en la cual, aún hoy, a pesar de llevar varios años desarrollando este modelo, no se logran impactos significativos en la reducción de las desigualdades sociales.
En cuanto a la reducción de los homicidios, es justo reconocer que esta situación ha sido beneficiosa para la protección de la vida y los derechos humanos en la ciudad, y que se debe valorar como un asunto positivo que las autoridades hayan concentrado su capacidad y poder institucional en la reducción de los homicidios Sin embargo, es importante destacar que si bien es cierto la violencia homicida es un indicador fundamental para evaluar el comportamiento de la violencia en un territorio, existen otro conjunto de prácticas violentas que no se pueden desconocer, que han sido históricas en la ciudad, como la desaparición forzada, el desplazamiento forzado intraurbano, el control ilegal de la población, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, la violencia sexual, entre otras. Adicionalmente, hoy como en el pasado, existen dudas fundadas sobre el papel que tiene en el descenso de los indicadores de violencia homicida la suscripción de pactos entre las organizaciones criminales que actúan en la ciudad, pues en el comportamiento histórico de descenso de los homicidios, ha jugado un rol preponderante tanto la existencia de pactos entre ilegales e incluso con la institucionalidad, o el triunfo de un actor en el mundo criminal.
En este complejo panorama y muchas veces en medio de la mayor adversidad, se desarrollan acciones colectivas en demanda de derechos, las cuales chocan tanto con expresiones de cultura política que ven en la organización social por derechos una práctica negativa y que debe ser sofocada, sectores institucionales que encaran la protesta social como un problema de orden público, presos de la doctrina del enemigo interno, y una fuerza pública que apela a los medios violentos como forma principal de mantenimiento del orden, muestra de lo cual son las imágenes que se presentan en el documental de la Operación Orión adelantada en la comuna 13 en el año 2002, o de la represión y brutalidad con que fue tratada la protesta de los pobladores de la zona norte del valle de aburra contra la instalación de un peaje en su territorio, en 2004.
Un elemento esencial en la construcción mediática de este proceso de transformación han sido los medios de comunicación, encargados de construir la imagen del milagro urbano de Medellín.
En contraste con esto, desde los movimientos sociales y organizaciones que trabajan por los derechos humanos, se ha construido una acción que busca mostrar las otras caras de la ciudad, de esa ciudad que los medios masivos ni ven, ni quieren ver, porque no es funcional a los propósitos de hacer de Medellín un lugar atractivo para el capital internacional.
En este como en otros campos, hay una disputa por la construcción de sentidos, por la definición de la imagen de la ciudad, y para ayudar a comprender esta complejidad, La Fiesta Blanca es una herramienta fundamental.
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